Hace años que los casos de cáncer, abortos e infertilidad preocupan a los/as vecinos/as de la localidad de Canals. En el 2017, la aparición de decenas de bidones de agroquímicos en un baldío de la ciudad reactivó la preocupación de los/as vecinos/as autoconvocados/as, quienes se movilizaron para reclamar por esta situación.

El 27 de noviembre 2017, la asamblea de vecinos autoconvocados organizó el “Encuentro Socioambiental por la Salud y por la Vida”, en el cual participó el médico Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y miembro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud. Vazquez disertó sobre un estudio realizado en Monte Maiz en el año 2014 fundamentando la vinculación entre el cáncer y la exposición al glifosato.

Días después, el médico local Adolfo Estrella, acompañado por decenas de integrantes del grupo de vecinos/as autoconvocados/as, participó en una sesión del Concejo Deliberante, en la cual hizo uso de la Banca del Ciudadano y explicó los riesgos que implica la exposición humana a los agroquímicos. En ese contexto, vecinos y vecinas insistieron en el petitorio que elevaron el 31 de octubre al intendente Carlos Peiretti, donde exigían regulaciones para evitar cualquier tipo de fumigación periurbana, que se reubiquen los depósitos de agroquímicos que actualmente están diseminados dentro del ejido urbano y se sancione la circulación de aplicadores terrestres por la localidad.

Asimismo, la comunidad denunció que el intendente “es uno de los que fumiga y contamina el pueblo con sus mosquitos y enormes depósitos de donde entran y salen miles de bidones de agrotóxicos”. Un grupo de médicos envió una carta a las autoridades municipales reclamando el cese de las fumigaciones, pero la respuesta del Secretario de Gobierno fue que “Canals es un pueblo agrícola con glifosato y que no va a cambiar”.

Ante la negativa de las autoridades municipales de dictar medidas de protección de la salud y autorizar el campamento sanitario instado por los habitantes de Canals, los/as vecinos/as autoconvocados/as de Canals y la Red Universitaria de Ambiente y Salud, realizaron un estudio observacional de mortalidad por cáncer tomando como período de ocurrencia el transcurido entre el 1 de abril 2017 y el 31 de marzo 2018 .

Los resultados muestran que, efectivamente, el cáncer (en distintas localizaciones) es la principal causa de muerte. Más de la mitad de los/as fallecidos/as lo hicieron por esta enfermedad (un total de 66 vecinos/as, o sea el 55%), mientras que en todo el país, en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba menos del 20% de las muertes son a causa de cáncer. Es decir, en Canals muere de cáncer una persona de cada dos fallecidas, mientras que en la ciudad de Córdoba, y en todo el país, lo hace una de cada cinco.

Las cifras del relevamiento acompañan el reclamo por una ordenanza que cree una zona de resguardo ambiental donde se prohíba la utilización en toda forma de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agrí­cola.

En agosto de 2018, la legisladora provincial Liliana Montero presentó un proyecto de resolución dirigido al Ministerio de Salud para que brinde un informe acerca de las estadísticas de muerte a causa de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la fumigación con agroquímicos en las localidades de Canals y Monte Maíz.

Durante el mes de octubre de 2019 un grupo de vecinos y vecinas denunciaron la aplicación ilegal de agroquímicos, por no contar con la receta fitosanitaria y realizarse a mil metros del fin de la zona urbana de la ciudad, realizando, además, una denuncia penal.

A finales del año 2020, el intendente Edgar Bruno firmó un convenio con la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba para trabajar en el área periurbana de forma colaborativa reforzando legalmente los controles y acciones que el municipio realiza en esa franja que rodea la zona urbana en cumplimiento de la ley provincial 9164 y la ordenanza 1306/18.

Esta ordenanza prohíbe la utilización de productos fitosanitarios de uso agropecuario en veredas, domicilios particulares, y otros espacios públicos, como así también el depósito, fraccionamiento y transporte de los mismos en el ejido urbano.

Durante el mes de octubre de 2019 un grupo de vecinos y vecinas denunciaron la aplicación ilegal de agroquímicos, por no contar con la receta fitosanitaria y realizarse a mil metros del fin de la zona urbana de la ciudad, realizando, además, una denuncia penal.

A finales del año 2020, el intendente Edgar Bruno firmó un convenio con la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba para trabajar en el área periurbana de forma colaborativa reforzando legalmente los controles y acciones que el municipio realiza en esa franja que rodea la zona urbana en cumplimiento de la ley provincial 9164 y la ordenanza 1306/18.

Esta ordenanza prohíbe la utilización de productos fitosanitarios de uso agropecuario en veredas, domicilios particulares, y otros espacios públicos, como así también el depósito, fraccionamiento y transporte de los mismos en el ejido urbano.