La lucha en esta localidad se encuentra caracterizada por el desalojo campesino, los desmontes, el ingreso a gran escala de los cultivos de soja y maíz y el uso desmedido de agroquímicos. La resistencia de Ramona Bustamante, referente del movimiento campesino y originario en el norte cordobés, es un emblema en esta zona.

Ante la observación de una situación sanitaria complicada debido a los numerosos casos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones, urticarias y demás afecciones en la salud, vecinos y vecinas se pusieron en alerta y comenzaron a conversar, organizarse, marchar e idear medidas con la finalidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto. Si bien la visibilización del conflicto en los medios de comunicación se dio principalmente entre el 2018 y 2019, muchos años antes se habían empezado a ver ciertas resistencias y debates en la comunidad, con respecto al uso y manipulación de agroquímicos en el área urbana y campos que la rodean.

Entre las primeras acciones que se desarrollaron en Sebastián Elcano en torno a este conflicto, se destacan las discusiones impulsadas en 2007 por la mesa de gestión formada en el ámbito del Centro de Integración Comunitario (CIC), donde participaron representantes de las principales instituciones locales (escuela, policía, hospital y municipalidad). Allí se promovió la creación de una ordenanza municipal orientada a lograr que los grandes productores y contratistas respetaran la ley provincial 9164 que regula el uso de agroquímicos, y se solicitó la colocación de cortinas cortavientos que impidieran la deriva de los químicos hacia la zona urbana. Sin embargo, concejales/as no aprobaron la iniciativa, debido a las presiones de un sector importante de la población que se opuso a cuestionar sus efectos, resaltando su condición principal de “fuente de progreso para la comunidad”.

Hacia mediados del 2014, por iniciativa del Programa Médicos Comunitarios, se crearon dos mesas barriales que tuvieron como finalidad el trabajo de diversas problemáticas que inquietaban a la comunidad, entre ellas el uso de agroquímicos. De esos encuentros, surgieron una serie de actividades tendientes a promover el debate y la concientización en torno a sus efectos.

A partir de allí, a través de la Asamblea de Autoconvocadxs, comenzaron a plantearse una serie de reclamos a las autoridades, entre ellos, una legislación que aleje las fumigaciones del pueblo, un relevamiento socio-sanitario y la promoción de la agroecología. Además comenzaron a denunciar las fumigaciones ilegales, impedir el ingreso y retener maquinarias que realizan aplicaciones fuera de toda normativa.

En el 2018, se presentó una nueva ordenanza que establecía distancias para la aplicación de agroquímicos (terrestre de 1500mts y área de 3000mts). Además, entre otras cuestiones, prevé la creación de un camino alternativo para la circulación de mosquitos y otras maquinarias para que no atraviesen la localidad, y la prohibición de instalar depósitos de agroquímicos en el casco urbano. Ante el transcurso del tiempo y la falta de tratamiento de la normativa en el Concejo Deliberante, en el 2019,  vecinos y vecinas realizaron manifestaciones, reclamos e hicieron un acampe en la entrada de la localidad con el lema “bienvenidos a un pueblo fumigado”. Este acampe duró más de 80 días y fue una forma  de manifestación, concientización y visiblización de la problemática.

En diciembre de ese año (2019) al menos 30 personas se reunieron en el Ministerio Público Fiscal de la localidad para constituirse como querellantes particulares por una causa iniciada contra un productor, con el objetivo de elevar a juicio el caso y suspender definitivamente las fumigaciones en el ejido urbano.