En el año 2012, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció la instalación de una mega planta de acondicionamiento de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas. Inicialmente, la multinacional estadounidense anunció que construiría 40 silos con capacidad para almacenar 137 toneladas de granos cada uno, con el objetivo de construir 176 silos más hasta el 2017. Asimismo, se estimaba un uso de 350.000 litros de agroquímicos por año en la primera etapa, cuando la planta solo funcionaría al 20% de su capacidad operativa.

A partir del anuncio de la instalación de la planta, la comunidad de Malvinas Argentinas inició su protesta contra este megaproyecto. En el 2013, se realiza la primera convocatoria de vecinos: “Malvinas en Lucha por la Vida”. Comenzaron a recibir apoyos y acompañamiento de asambleas socioambientales de Córdoba (con experiencia en la lucha contra la megaminería), Madres del Barrio Ituzaingó, organizaciones sociales y partidos de izquierda. También las universidades más importantes de la provincia, UNC, UCC y UNRC se opusieron, a través de comunicados, a la instalación de la planta. Incluso diversos personajes conocidos, como Manu Chao, Maristella Svampa, la periodista francesa Marie-Monique Robin, la activista ecofeminista Vandana Shiva de India y el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel demostraron su apoyo con los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas.

El 19 de septiembre del 2013, los vecinos y vecinas junto con organizaciones sociales y otros movimientos de base bloquearon los ingresos al predio de la multinacional frente a la Ruta 88: “el Acampe”. Con el bloqueo se comenzó un proceso inédito para el lugar: asambleas, movilizaciones, pedidos de explicaciones, represiones. Se forma también la “Asamblea de Autoconvocados del Bloqueo”. Como contrapartida, hubo varios intentos de desalojo y represiones policiales en el predio.

En el 2014, la Justicia declaró inconstitucionales los permisos de la empresa para trabajar y ordenó la suspensión de las obras en el predio. Esta suspensión se debió al incumplimiento de dos cuestiones fundamentales de la Ley General del Ambiente N° 25675: el cumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental y la convocatoria de una audiencia pública. Asimismo, después de que Monsanto presentara el Estudio de Impacto Ambiental, la Secretaría de Ambiente de la provincia rechazó el proyecto por las falencias técnicas del mismo.

Finalmente, en el 2016, la histórica lucha de la comunidad tuvo éxito, logrando echar a la mayor empresa del agronegocio del mundo. Ese mismo año, Monsanto vendió el predio a AMG Obras Civiles.