En el 2012, un grupo de mujeres autoconvocadas del Barrio Municipal de la localidad de Berrotarán, comenzaron a juntar firmas en la plaza céntrica de la ciudad para exigir el cumplimiento de la ley provincial que regula la aplicación de agroquímicos. La iniciativa comenzó debido a la detección de fumigaciones en las cercanías de los barrios lindantes con los campos fumigados. 

Estas mujeres manifestaron que a lo largo de un mes llevaban tres fumigaciones. Asimismo dejaron en claro que dichas fumigaciones eran ilegales, que no habían sido solicitadas al municipio y que se estaban realizando a una distancia de veinte metros de sus hogares, lo cual repercutía gravemente en la salud de ellas y sus familias. 

A partir del accionar de las vecinas, el intendente municipal dispuso la suspensión de las autorizaciones para la aplicación de agroquímicos, y creó una zona de resguardo ambiental de 500 metros de aquellas viviendas colindantes con los campos. Sin embargo, meses más tarde, tal disposición fue dejada sin efecto, por la resolución N°13 del año 2012, a partir de la cual las distancias de resguardo ambiental se redujeron a 200 mts., creando una Comisión de Seguimiento y Estudio en la aplicación de la Ley provincial de Agroquímicos, conformada por productores, vecinos y vecinas afectadas, funcionarios municipales y concejales. Al día de hoy esta resolución es la que sigue regulando la aplicación de agroquímicos en el municipio. 

A finales del año 2019, a partir de la percepción de olores y detección de fumigaciones con diferentes productos (entre ellos glifosato), vecinos y vecinas autoconvocados nuevamente presentaron una nota al Concejo deliberante de la ciudad solicitando la realización de una audiencia, exigiendo la ampliación de la exigua zona de resguardo vigente (200 metros). Como resultado de la audiencia, en la cual estuvieron presentes vecinos, vecinas, el Intendente Municipal, concejales y profesionales agrónomos, y referentes de la agrupación “Madres de Barrio Ituzaingó”, se dispuso la confección de un cerco que permita reconocer el límite de 200 metros que establece la resolución municipal, intensificar los controles instando a la ciudadanía que las fumigaciones ilegales sean denunciadas.